Se reanudó este lunes el juicio por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, donde se juzga a la vicepresidenta, Lázaro Báez y 11 imputados.
Tras el receso de invierno, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF) escucha desde este lunes, en su rol de parte acusadora, al fiscal de juicio Diego Luciani, quien expondrá durante nueve audiencias, a razón de tres por semana.
«Cuándo asumió la presidencia Néstor Kirchner y luego su esposa Cristina Elizabeth Fernández establecieron un sistema de corrupción institucional con la obra pública en la provincia de Santa Cruz», disparó de movida el representante del Ministerio Público Fiscal.
Luciani señaló al ex matrimonio presidencial y a su «amigo Lázaro Báez» como cabezas de la estructura de ese mecanismo de corrupción.
Néstor Kirchner y luego su esposa Cristina Elizabeth Fernández instalaron una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se han instalado en el país.
El fiscal arrancó su alegato con una crítica a la querella de la UIF y evaluó que «no podemos menos que catalogar su trabajo como temerario, poco serio y hasta irresponsable», en alusión a la decisión del organismo de no acusar y pedir absoluciones por asociación ilícita y defraudación pública.
Además, manifestó que Báez era un empleado bancario «monotributista» y fundó la empresa «Austral Construcciones» días antes de la jura del fallecido Néstor Kirchner como Presidente de la Nación.
«Hubo una estructura estable que permitió la apropiación de fondos», dijo en relación a que según su interpretación las empresas de Báez fueron una «cáscara vacía».
Se creó una empresa vial y se montó una estructura que permitió de manera sistemática actos de corrupción, con licitaciones públicas que no fueron reales, fueron ficticias. Detrás de Lázaro Báez existía una estructura estatal corrupta
Austral Construcciones «no fue una verdadera empresa, sino un instrumento», consideró y remarcó que Báez no tenía «experiencia en construcciones viales» y en pocos años consolidó en Santa Cruz «un conglomerado de empresas».
La «finalidad de la asociación consistió en la extracción de fondos del Estado para un beneficio particular y de terceros», dijo.
En la última jornada, previa a la feria judicial que comenzó el 18 de julio y termina el lunes, la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió la absolución por falta de pruebas de los 13 acusados, al descartar la existencia de sobreprecios en las obras públicas viales que se adjudicaron a empresas del también acusado Lázaro Báez, en ese período.
La UIF motorizó hace tres años la investigación aportando pruebas, sin embargo con el cambio de Gobierno y la remoción de aquellos funcionarios, ahora pide la absolución.
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