EL GOBIERNO HABILITÓ A LOS MOVIMIENTOS SOCIALES A QUE HAGAN OBRAS PÚBLICAS QUE NO SUPEREN LOS $300 MILLONES

Figura en el decreto que frenó el ingreso a nuevos planes sociales. Con la medida habilitan a los piqueteros a recibir fondos millonarios por otra vía.

Cuando el 5 de octubre, el secretario de Economía Social y líder del Movimiento Evita Emilio Pérsico; su segundo en esa cartera y referente de Somos Barrios de Pie Daniel Menéndez y el diputado de la CCC Juan Carlos Alderete se sentaron frente a frente con Alberto Fernández y Sergio Massa para convencer al Presidente de que firme un decreto con una batería de medidas para la Economía popular, nadie sugirió que la norma incluyera -como finalmente ocurrirá- la prohibición de nuevas altas del Potenciar Trabajo.

Ese detalle explica en parte la demora de la firma del texto que oficializará, como anticipó entonces Clarín, la convocatoria del Consejo de la Economía Popular y luz verde para que las cooperativas pudieran participar de proyectos de obra pública menores a $ 300 millones de presupuesto.

Este último punto fue pedido por los movimientos sociales y es otra forma de que les ingresen fondos a los piqueteros.

En el decreto 728 que se publicó en el Boletín Oficial, el Gobierno habilita a las cooperativas que manejan los movimientos sociales «el otorgamiento del 30 % de la Obra Pública Nacional bajo la modalidad de contratación que corresponda, en la realización de obras de hasta pesos trescientos millones ($300.000.000), monto que será actualizado conforme lo disponga la autoridad de aplicación».

Según el decreto, se respetará la «especialidad» de las Cooperativas del Trabajo de la Economía Popular para la adjudicación de obras y habrá diferentes modalidades de contratación.

«Hubo que reescribir muchas veces el borrador, porque hay gente involucrada que tiene buenas intenciones pero no sabe qué es la economía popular», señaló un funcionario con despacho en la Casa Rosada que hizo fuerza para empujar el decreto, que escenificaron con una reunión y foto con el jefe de Estado, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; su par de Trabajo, Kelly Olmos, el titular de Economía y el jefe de Gabinete Juan Manzur.

Alberto Fernández firma el decreto sobre la Economía Popular.
Alberto Fernández firma el decreto sobre la Economía Popular.
Lo cierto es que varios de los convidados a la reunión de octubre se anoticiaron de la novedad a través de este diario. «Si lo hubiesen propuesto, nosotros habríamos contestado que no estábamos de acuerdo. Es una barbaridad, hacen enojar a la gente, En primer lugar habría que darle la posibilidad de trabajar a los que tienen planes. Hay mucha gente que no tiene plan social ni nada y lo dicen ahora antes de fin de año y sin alimento. Se equivocan. No entienden la realidad de lo que está pasando», disparó Alderete, diputado del Frente de Todos.

Pérsico, que administra la mayoría del 1.300.000 planes a través de su secretaría en Desarrollo Social, reclama cada vez que puede menos subsidios y un blanqueo de los trabajadores a través de un «monotributo productivo», un proyecto que el Ejecutivo envió al Congreso y nunca se trató. El líder del Movimiento Evita quería incluirlo en el paraguas del decreto, pero por ahora deberá seguir esperando. Tolosa Paz le dijo a este diario que la iniciativa sí o sí deberá ser por ley. «No hay otra forma», señaló.

Más temprano, la ministra había lanzado un mensaje que alimentó la interna del oficialismo. «Hay miembros de nuestro Gobierno que critican decisiones como si estuviesen afuera», señaló en declaraciones a El Destape. Aunque todos pensaron en los funcionarios de La Cámpora, en Desarrollo Social varios interpretaron que se refería precisamente a Pérsico, el único de sus secretarios de Estado al que recibió a solas antes de asumir.

En la UTEP y en la mesa del triunvirato de San Cayetano -que comparte el Evita, BdP y la CCC- también hay diferencias sobre la gestión de Tolosa Paz, que una semana después de la reunión en la Casa Rosada reemplazó a Juan Zabaleta (que ya por entonces buscaba su salida y no se sentó a la mesa, donde sí estuvieron el secretario general de la organización Esteban «Gringo» Castro y Gildo Onorato, ambos del Evita). La figura de Sergio Massa también divide aguas.

En el círculo de los invitados a la reunión con el Presidente y el ministro de Economía en octubre llegó a la Rosada con poca esperanza. «El Presidente no estimula el carácter productivo de la Economía Popular, no creó áreas para abordar integralmente la agenda del sector, no formalizó a 8 millones de trabajadores y la reglamentación de la ley de agricultura Familiar no financia a los pequeños productores. Se insiste con más subsidios que seguirán alimentando inflación y estructuralizando la pobreza, no hay ideas que superen el asistencialismo en estas medidas”, expresó entonces. Un diputado del Evita fue más contudente sobre la marcha del Ejecutivo. “El Gobierno es un quilombo”, resumió con honestidad brutal.

Tolosa Paz insistió en que el decreto fue fruto del diálogo con la UTEP y otras organizaciones. Dina Sánchez, secretaria adjunta de la organización la contradijo. «No es verdad. Esta medida no fue consensuada con nosotros. Seguimos exigiendo que se trabaje bien el bono de refuerzo alimentario que fue mal implementado», sentenció la dirigente del Frente Darío Santillán, que también reclama por un salario universal.

Cercana a Juan Grabois, Sánchez ya había cargado contra Fernández y la ministra por un posteo en redes en el que el Presidente contaba su visita a una desocupada en Mar del Plata que pedía una máquina de coser «para poder trabajar» en lugar de un plan. «Difícil que Alberto Fernández logre desilusionarnos más, pero se esfuerza», fue el lapidario tweet de la dirigente, que recordó que el Congreso aprobó por unanimidad en 2016 la figura del salario social complementario. Se quejan de que los focus group redoblan el discurso antiplanero del mandatario.

Días después, referentes de la UTEP mantuvieron una reunión con Tolosa Paz para mostrarle un informe de la universidad de Barrios de Pie que da cuenta que uno de cada cuatro chicos dejó de percibir una de las comidas diarias y que las porciones que reciben en los comedores populares son cada vez más pequeñas.