A la investigación que inició el fiscal federal Nº 1 de Santiago del Estero, Pedro Simón, por el voluminoso vuelco de efluentes industriales que llegó días atrás a un pueblo del departamento Jiménez, se sumó ayer una denuncia penal que radicó la Provincia en la Justicia Federal local.
La presentación la realizaron de manera conjunta el fiscal de Estado de la Provincia, Raúl Abate; y el defensor del Pueblo de la Provincia, Lionel Suárez, que a su vez tiene a su cargo la coordinación de los equipos de monitoreo del Comité de Cuenca Salí-Dulce.
El planteo concreto de los funcionarios es «que se investigue el origen y la determinación de responsables».
Como se recordará, por este episodio de contaminación que afecta a la localidad de El Palomar, departamento Jiménez, cercano al límite con Tucumán, el fiscal federal Simón comenzó a diligenciar una serie de medidas probatorias a los fines de determinar el origen de esta «marea» contaminante que llegó al pueblo a través del canal interprovincial del Este. También dio conocimiento al juez federal Nº 1 de Santiago del Estero, Guillermo Molinari, quien se encuentra de turno.
La semana pasada, los pobladores vieron azorados cómo millones y millones de litros de efluentes industriales, inundaron un canal que es de uso público, para riego y drenaje de lluvias. Esa «marea» de agua marrón, pegajosa, con abundante espuma y sobre todo, con olor fétido, llegó en cuestión de minutos, incluso desbordando el cauce del canal.
El fiscal federal Simón solicitó a Gendarmería que constatara en el lugar el hecho y que tomara muestras. También, pidió imágenes satelitales que permitan dilucidar el origen del vuelco. Además, requirió a la Defensoría del Pueblo que a través del grupo técnico que monitorea la Cuenca Salí-Dulce, también proceda a extraer muestras de agua para saber qué contienen esos efluentes. Los resultados, se conocerían en estos días, indicó una fuente del organismo.
El fiscal federal también dejó una advertencia a los responsables: «Vamos a imputarlos y a procurar que se les aplique todo el peso de la ley».
Por el lado de Tucumán, autoridades de Producción y de Medio Ambiente, rápidamente salieron a desmentir que hubiera vuelco de vinaza (como el que ocurrió en 2012 y 2013 en el mismo lugar y que también llegó por ese canal, hecho por el que fue condenado el poderoso industrial tucumano Jorge Rocchia Ferro).
Señalaron que en un relevamiento en la zona, determinaron que a raíz de las fuertes precipitaciones, hubo un arrastre de sedimentos, que explicaban el color del agua.
El comisionado municipal de El Arenal, Carlos Sierra, en diálogo con EL LIBERAL, refutó esa versión, señalando que el agua traía mal olor y que generaba espuma que es producto de vuelcos industriales y no de agua con sedimentos.
La denuncia del Gobierno santiagueño suma ahora un capítulo a una historia que se repite: la desaprensión de industriales tucumanos que vuelcan sus desechos ya sea en efluentes del Salí-Dulce o en este caso, en un canal de riego que abastece a un pueblo como El Palomar, perjudicando la salud y poniendo en riesgo la salud pública.
Fuente El Liberal
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