La Defensoría del Pueblo de la provincia ha comenzado a recibir una ola de reclamos por parte de personas con discapacidad, afectadas por la suspensión arbitraria de sus pensiones. Daniel Escobar Correa, titular del organismo, denunció públicamente la falta de garantías en el proceso de auditoría impulsado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que ha dejado a cientos de beneficiarios en una situación de desamparo.
Según Escobar Correa, las pensiones están siendo revisadas sin un protocolo claro ni una infraestructura adecuada. “Ni siquiera hay oficinas habilitadas para atender a estas personas”, señaló, subrayando que las notificaciones se han realizado mediante carta documento, sin considerar las dificultades de acceso en zonas rurales ni la actualización de domicilios. En muchos casos, los beneficiarios se enteran de la suspensión del beneficio cuando ya ha sido ejecutada.
“Estamos hablando de personas con discapacidades severas, muchas veces postradas, que dependen completamente de sus familias para trasladarse y acceder a estudios médicos costosos”, explicó el Defensor del Pueblo. La exigencia de revalidar condiciones médicas en plazos breves y sin apoyo estatal ha generado una barrera insalvable para muchos.
Escobar Correa advirtió que se trata de una política nacional que busca “achicar el Estado” sin considerar el impacto humano. La problemática fue abordada recientemente en el plenario de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), realizado en Mar del Plata.
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