Tres nuevos empleados judiciales se sumaron a las cinco víctimas de supuestos préstamos irregulares orquestados por una mujer en la Mutual del Poder Judicial de Las Termas, cuyas oficinas en capital habrían sido allanadas e incautados documentación y el celular corporativo al que llamaba a diario la detenida Sandra Elizabeth Cuevas.

Los procedimientos de efectivos del Departamento Delitos Económicos representaban ayer lo más sobresaliente en la incipiente investigación que conducen los fiscales Ignacio Guzmán y Carlos Vega, quienes indagaron ayer al mediodía a la única detenida.

La historia sobrevino la semana pasada. La familia del empleado judicial fallecido, Juan Carlos Aguilar, denunció que su compañera de trabajo, Cuevas, habría requerido un préstamo de $300.000 a nombre suyo y que además cobró del Home Banking, desde su celular, los $90.000 de un bono otorgado por el Estado provincial.

Ni siquiera el reconocimiento y firma de pagarés de Cuevas pacificó a la familia de Aguilar. En horas, la judicial y delegada de la Mutual fue apresada y ahora aparecen más víctimas: hasta el cierre de esta edición iban cinco con otros tres más a punto de refrendar denuncias.

A sabiendas de su delicada situación, Cuevas prefirió ayer el silencio, al enfrentarse a los fiscales, asistida por su abogado, Andrés Lizárraga. «Estafa», «falsificación de firmas» y hasta «defraudación en perjuicio del Estado provincial», serían las imputaciones tentativas.

En paralelo, a solicitud de la Fiscalía, el juez Silvio Sálice, ordenó el allanamiento a la Mutual del Poder Judicial en ciudad capital. Los hombres de Delitos Económicos habrían secuestrado el martes documentación sobre los préstamos endilgados a Cuevas.

Sin embargo, la comisión también habría incautado el celular corporativo que unía a Las Termas con Capital. «Yo tramitaba, pero los préstamos eran autorizados en Santiago», supo afirmar al caer presa Cuevas y pareciese que su descargo sonó fuerte en los fiscales.

Por ende, los funcionarios ahora intentan develar quién, del lado de Capital, respondía con un guiño aprobatorio a préstamos hoy sospechados de ilegales, nunca autorizados por el grupo de judiciales denunciantes y remitidos a sugestivas billeteras virtuales.

Otro punto que generaría perplejidad serían los montos topes: $30 a $40.000. Sin embargo, los «damnificados» afirmaron que Cuevas los esquilmó con empréstitos de $300.000, $125.000, $90.000, plasmados administrativamente en concepto de «ayuda económica».

Para una corriente policial, es probable que Cuevas haya transformado los préstamos en una escala «piramidal». En la práctica, se sospecha que el agujero negro de un judicial era cubierto por una nueva deuda y así hasta tornarse ingobernable, inmanejable, impagable, trascendió.

Nueva batalla legal por el arresto domiciliario

El juez de Control y Garantías de Las Termas de Río Hondo, Diego Vittar, concedió el 26 de agosto arresto domiciliario a Cuevas, sospechada de motorizar más de $ 500.000 en préstamos irregulares, y de cobrar un bono de un compañero de trabajo fallecido.

La Fiscalía apeló el beneficio y ahora acudiría, junto a la defensa, a la Cámara de Apelaciones. Por el lado del abogado de Cuevas, Andrés Lizárraga, su cliente tiene un hijo y las normas la habilitan para enfrentar el proceso en su casa, aún con un conjunto de reglas de conducta.

Los unos y los otros volverían a verse los rostros muy pronto en el cuarto piso de Tribunales. La Fiscalía, resuelta en que Cuevas sea alojada en un organismo policial.

Muy por el contrario, Lizárraga convencido en que las pruebas sustanciosas para la causa ya han sido obtenidas por la Fiscalía, y ofrecerá todas las garantías de que la judicial no entorpecerá la investigación, menos intentará persuadir, o «apretar» a los testigos.

Fuente El Liberal