Gracias al voto dividido de la bancada de Juntos por el Cambio y al apoyo de otros bloques opositores, el oficialismo obtuvo una amplia mayoría en la Cámara de Diputados para convertir en ley el Consenso Fiscal 2022, iniciativa que faculta a los gobernadores a aumentar impuestos locales, como ingresos brutos y sellos.

Este nuevo pacto fiscal, que fue suscripto en diciembre pasado entre el Poder Ejecutivo y 21 gobernadores -salvo los mandatarios de Capital, San Luis y La Pampa- se aprobó con 136 votos positivos, 108 votos negativos y 4 abstenciones tras un largo debate en el que oficialistas y opositores se trenzaron sobre la creciente presión fiscal que afecta a los contribuyentes. Mientras el Frente de Todos negó que este acuerdo entre el Poder Ejecutivo y los gobernadores implique una suba automática de los impuestos locales, sus detractores -el bloque de Pro, los libertarios y la izquierda- afirmaron todo lo contrario.

Juntos por el Cambio votó dividido: los legisladores que responden a las provincias de Jujuy y de Corrientes, de signo radical, votaron a favor pues sus mandatarios suscribieron el pacto en diciembre pasado, aunque se comprometieron ante la mesa nacional de Juntos por el Cambio a no subir los impuestos en sus territorios. Los diputados de Juntos por el Cambio que votaron a favor son Sofía Brambilla (Pro-Corrientes) y los radicales Julio Cobos (Mendoza); Fernando Carbajal (Formosa); Jorge Rizzotti (Jujuy) y Jorge Vara (Corrientes).

Los diputados por Mendoza, cuyo gobernador Rodolfo Suárez también firmó el acuerdo, se abstuvieron, salvo Cobos. El resto de la coalición opositora votó en contra.

“Los gobernadores buscan blindar sus cajas provinciales, buscan blindar sus reelecciones frente al ajuste del gasto público que emprende el gobierno nacional”, asestó el diputado fueguino Héctor Stefani, de Pro.

Este nuevo consenso fiscal dispone que, en lo referido al impuesto a los sellos, la alícuota máxima sea del 3,5% a la transferencia de inmuebles, del 3% a la transferencia de automotores y del 2% a los restantes actos, contratos y operaciones alcanzadas por este tributo en general. Además, las provincias podrán elevar más allá del máximo de 2% el impuesto inmobiliario.

Por otra parte, la iniciativa incluye un capítulo denominado de “endeudamiento responsable”, que determina que las provincias podrán incrementar el stock de deuda denominada en moneda extranjera solo por medio de líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito.

Desde el oficialismo, el jefe del bloque oficialista Germán Martínez negó que este proyecto implique una suba automática de los impuestos locales ya que ésta es una potestad de las provincias. En el mismo sentido se expresó el presidente de la Comisión de Presupuesto Carlos Heller.

“La idea de este pacto fiscal es establecer una estructura impositiva orientada a la promoción de la inversión, del crecimiento económico”, como así también “evitar la aparición de desequilibrios fiscales” que induzcan al endeudamiento de las provincias.

El diputado Luciano Laspina, de Pro, fue lapidario con el proyecto. “Este es un nuevo clavo en el ataúd del desastre fiscal y tributario de la Argentina”, asestó, al tiempo que reivindicó el primer acuerdo fiscal que suscribieron las provincias y el gobierno nacional en 2017, durante la gestión de Mauricio Macri.

“Por primera vez en la historia reducía impuestos en la Nación y en las provincias. Se rebajaron los impuestos a los ingresos brutos, que es el más distorsivo y el más brutal de los impuestos, es el más violento, el más cruel que castiga a la industria nacional”, fustigó Laspina.

El oficialista Marcelo Casaretto lo cruzó en seco. “Aquel pacto fiscal de 2017 desfinanciaba a las provincias, que no tuvieron otra alternativa que endeudarse”, sostuvo, al tiempo que aclaró que este Consenso Fiscal faculta, pero no obliga a las provincias a aumentar impuestos.

“Cada provincia tomará su decisión y definirá la carga tributaria en sus territorios”, insistió, para luego embestir contra la bancada de Pro.