Dos funcionarios de la policía, que prestaron servicios en la División Seguridad Vial ubicada en el barrio Parque Industrial de La Banda, y otras dos personas fueron detenidos el miércoles durante varios allanamientos.

Pese al hermetismo con el que se maneja la investigación —que según se supo, se encuentra bajo secreto de sumario— se sabe que comenzó cuando una mujer se presentó en sede policial e informó que su rodado (secuestrado en un operativo) había «desaparecido» desde la mencionada repartición.

A esta causa se le sumó una denuncia realizada por la propia policía, cuando realizó un registro y detectó que desde el playón del mencionado organismo faltaban más de un centenar de rodados, la mayoría secuestrados durante la pandemia.

Con orden del juez de Control y Garantías de La Banda, Dr. José Luis Torrelio, los efectivos de la División Robos y Hurtos Banda requisaron tres domicilios, uno en el Bº Almirante Brown de ciudad Capital y otros dos en los barrios Villa Nueva y Villa Juana. Allí, los funcionarios apresaron al oficial Pablo Gonzalo Pineda; a su colega la cabo Vanesa Verónica Elías, al novio de esta última Leandro Sequeira; y a un conocido delincuente identificado como «Guenguen» Elías, primo de la mujer.

Además los policías secuestraron sus teléfonos celulares y decenas de motocicletas, algunas de ellas desmanteladas, que estaban en las viviendas registradas.

El Dr. Hugo Herrera, quien está a cargo de la investigación, habría ordenado que todos sean alojados en distintas dependencias. En la jornada de hoy los funcionarios de la policía, que actualmente cumplían funciones en otras dependencias, serán indagados, acusado por ahora del delito de robo en perjuicio de la administración pública e incumplimiento del deber de funcionario público.

Según se supo, no se descartan operativos y nuevas detenciones en las próximas horas. «Esto es la punta del ovillo», sentenció una fuente consultada.

No descartarían una posible “asociación ilícita”

Si bien hasta ahora la Justicia estaría analizando imputarle delitos contra la administración pública, no descartan que la acusación en contra de los uniformados llegue hasta la asociación ilícita, puesto que cada uno tendría un rol definido en el ilícito.

Al parecer la cabo era el nexo entre su primo, su novio y el oficial de la policía. Los investigadores por estas horas buscan evidencias para establecer la “función” que cumplía cada uno de los cuatro detenidos hasta ahora.

Las robaban; las vendían o pedían plata a los dueños

Según informaron fuentes cercanas a la investigación policial, las pesquisas habrían establecido hasta el momento que los funcionarios públicos, supuestamente aprovechando su estadía en la mencionada dependencia, “desaparecían” los vehículos secuestrados bajo custodia. Además habrían falsificado y adulterado documentación de la Dirección de Seguridad Vial con respecto a los rodados robados. Tales vehículos tenían dos finalidades: algunos eran vendidos y otros entregados a sus dueños previo una “pago” de cierta cantidad de dinero. Un dato no menor y que estaría siendo minuciosamente investigado es que desde el playón faltarían vehículos que al parecer no habrían sido “sacados” por los sospechosos sino por personas particulares. Lo llamativo es que una persona particular pueda ingresar al predio sin ser advertido por los funcionarios que en ese momento se encontraban de guardia. Para ello también se analizas las imágenes de las cámaras de seguridad del lugar.

Podrían ser miles los vehículos faltantes

Como se recordará, en los operativos de pandemia a diario se secuestraban cientos de vehículos; ya sea por incumplir con las medidas sanitarias de ese momento; por la falta de documentación o de los cascos protectores sus conductores.

Todos eso vehículos, sumados a los que se secuestran a diario, van a parar a la base de la División de Seguridad Vial, por lo que el número de rodados que debería haber allí rondaría a más de mil.

Para ello, ahora los ojos de las pesquisas están posados sobre los libros de ingreso y egreso de vehículos que manejaba la propia dependencia. Ahora se deberá realizar un arqueo para cotejar si efectivamente los vehículos secuestrados se encuentran allí.

Fuente El Liberal