En Santiago del Estero, Fernández estuvo hoy con el chaqueño Jorge Capitanich, uno de los principales impulsores de la definición de que no se acataría el fallo; con el anfitrión Gerardo Zamora -quien sostuvo su posición y, desafiante, dijo “si tengo que ir preso por defender a Santiago y al Federalismo que me vengan a buscar”- y con el santafesino Omar Perotti, quien el jueves no participó de la movida.

En las fotos aparecen los cuatro sonrientes; antes habían conversado sobre el cambio de postura del Presidente. Fernández, según algunas fuentes, les planteó que en realidad encontró una “solución técnica” que le permitía no tocar las partidas de las provincias. La realidad es que en ningún momento los recursos de coparticipación de las jurisdicciones están en juego. El comunicado firmado por los gobernadores decía que el fallo era de “imposible cumplimiento”. Al final, el Gobierno cambió de posición y dijo que pagaría, pero con bonos.

“Aquí no se discute cómo ampliamos los subtes, sino quién tiene agua”, apuntó contra la Ciudad de Buenos Aires el Presidente en su discurso, al inaugurar el acueducto Simbolar–Añatuya.

Los gobernadores están desde ayer analizando si emiten un documento; hay algunos que prefieren esperar a que esta tarde hable la vicepresidenta Cristina Kirchner y ver cómo toma posición sobre el tema. Otros insisten con la idea de presentarse ante la Corte Suprema, aunque son conscientes de que es un gesto político inconducente desde lo jurídico. Por el momento, el acuerdo es hacer silencio.

Para presentarse ante la Corte Suprema, las provincias deben demostrar que la decisión les provoca un daño y eso es imposible, porque las partidas que reciben por coparticipación no se alteraron cuando Mauricio Macri le subió la coparticipación a CABA ni cuando Fernández se la achicó. El dinero en juego es de la Nación y lo administra como le parece. En esta gestión, la decisión fue crear un fondo para Buenos Aires y girar algo más de recursos para control de fronteras a Salta y Misiones y para lucha contra el narcotráfico a Santa Fe.

Los mandatarios que todavía insisten en hacer la presentación, echan mano al argumento de que el AMBA tiene subsidios para el transporte público que el resto del país no tiene; al igual que partidas para sostener Aysa o para contar con energía más barata. Capitanich es uno de los que declaró ayer que “tienen todo porque en definitiva le sacan al país”. Esas inequidades, que existen, no se vinculan a la coparticipación sino a los otros fondos que distribuye la Nación.

El riojano Ricardo Quintela salió a hablar y criticó el giro del Presidente: “A mí me da la sensación, por más que sean bonos de determinada característica, que está reconociendo el derecho a la distribución automática del recurso, y no le corresponde”.

Después volvió sobre el fallo planteando le “parece discrecional; absolutamente direccionado en defensa y representación de intereses que no son los de las 23 provincias argentinas”. Advirtió que su posición “no es contra el pueblo de la Capital Federal sino contra la estructura, con el sistema organizacional de la República que tenemos que modificar”.

Quintela, más cercano al Presidente que a Cristina Kirchner, ratificó que impulsará un juicio político para los integrantes de la Corte -”más allá del juicio político que lo vamos a hacer, tienen que ellos hacer un paso al costado”- y se definió “ansioso” por el mensaje de la Vicepresidenta en Avellaneda.

Sus colegas prefieren no abrir juicio sobre el cambio de Fernández; desde sus círculos chicos admiten que ya “nada” los sorprende y que no es la primera vez que sucede una situación como esta, aunque reconocen que no pensaron que esta vez iba a ocurrir. “Nos encolumnamos, lo acompañamos y quedamos pagando”, grafica el ministro de Gobierno de una provincia norteña.

Fuente La Nación