La Justicia Federal allanó ayer el consultorio de un médico en el Bº Cabildo y una clínica en la ciudad de Añatuya, departamento General Taboada, como resultante de una denuncia por presunta falsificación que habría generado perjuicios económicos al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Pami).

El inicio del proceso se registró en Capital Federal, Buenos Aires. A comienzos de año, una denuncia anónima alertó al Pami sobre la existencia de documentación apócrifa que habría posibilitado a ciertos prestadores de servicios participar en licitaciones del organismo sin cumplir con los requisitos correspondientes, por ejemplo se supo de «prestadores» que se presentaron con una capacidad operativa menor a la exigida por el Pami, aunque en los papeles (falseados) figuraba todo correctamente.

Los fiscales porteños declinaron competencia y remitieron la denuncia para las diferentes provincias en las que el Pami había advertido las presuntas irregularidades: entre ellas, Santiago del Estero.

Allí se sustentan los capítulos introductorios de una causa que desde comienzos del 2023 timonea la fiscal Indiana Garzón y el juez Federal, Sebastián Argibay, en base a cargos por «falsificación de instrumento público».

En tal sentido, tres comisiones de la Policía Federal allanaron ayer dos domicilios privados. En capital, trabajaron en el consultorio de un médico en el Bº Cabildo, identificado como Rolando Vittar. Y, al mismo tiempo, en Añatuya, allanaron un centro privado de salud en la zona céntrica, al parecer propiedad del mismo profesional.

El común denominador es que tendrían vinculación con la firma Defensalud, la prestataria del servicio objeto de la investigación, deslizó un alto funcionario Federal.

Una alta fuente de la empresa deslizó -al cierre- que Defensalud se alejó del mercado desde el 2006, pero reconoció una fuerte injerencia en la tercerización del servicio al que se habrían plegado más de 30 sanatorios.

Otra fuente contextualizó la movida federal. Dentro de una larga cadena de responsabilidades, la Justicia Federal se mune de piezas clave para depurar funciones: Defensalud sugirió que se encuentra fuera del «juego», graficó un vocero, e invitó a los federales a observar con detenimiento hacia la administración de cada sanatorio y su facturación. En cuanto a un centro de salud de Añatuya, los federales habrían trabajado en busca de la documentación sobre su funcionamiento.