Familias con hijos discapacitados marcharon junto a prestadores, profesionales y transportistas en la plaza Libertad donde recibieron el apoyo con aplausos de los ocasionales transeúntes que en gran número se desplazaban por el centro comercial de la ciudad.

Protestan por la falta de respuestas del Gobierno nacional y el atraso en los pagos en un servicio imprescindible bajo el lema “No al ajuste en discapacidad”.

La problemática toca de cerca a kinesiólogos, terapeutas, psicopedagogos, fonoaudiólogos y docentes, psicopedagogos y transportistas a quienes las obras sociales les adeudan haberes desde junio.

Los reclamos que se realizaron ante la Superintendencia de Obras Sociales de la Nación no tuvieron respuestas favorables, ya que les pidieron que realicen más trámites ya efectuados y que estarían girando los fondos, pero lo cierto es que nadie cobró hasta la fecha. En medio de un fogonazo inflacionario, cobrar con meses de retraso equivale a perder gran parte del poder adquisitivo, pulverizando el valor de la prestación. La última semana ha sido por demás angustiante para las personas con discapacidad y sus familias.

La incertidumbre generada, además de la angustia social se reflejan en las manifestaciones que se están realizando en todo el país. Esta es la segunda manifestación que se lleva a cabo en Santiago del Estero ante esta situación por la que atraviesan los profesionales, ya que aún no recibieron respuestas concretas a sus reclamos.

“Lo que pedimos es por respeto a los derechos de las personas con discapacidad”, indicaron los organizadores. Las personas con discapacidad, que son las más vulnerables, no pueden estar sin prestaciones y en muchos casos pueden tener retrocesos muy difíciles de sobrellevar o corregir, de ahí que es incomprensible que se haya llegado a tal punto de indiferencia ante una situación tan atendible. La CGT, cuyos gremios administran la gran mayoría de las 290 obras sociales que existen en el país, negocia con el Gobierno desde hace un año un cambio en lo relativo a la atención a los pacientes con discapacidad. Presionó por un DNU que establecía la absorción por parte del Estado del costo de los traslados y de la educación de los afiliados a las obras sociales con alguna discapacidad.