La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena contra el exintendente de Santiago del Estero Julio Fernando Alegre, acusado de ser el jefe de una asociación ilícita que se dedicó a recibir coimas y de llevar adelante delitos como peculado y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. La sentencia impuso ocho años de prisión. Hace 14 años que había quedado eyectado de la jefatura comunal por este escándalo de corrupción. Apenas presentó su renuncia al cargo, quedó detenido. Volvió a estar preso en 2018 y su foto se difundió en la página oficial de Argentina.gob.ar: “detuvimos a Julio Fernando Alegre”, anunciaba el Ministerio de Seguridad. Es que lo buscaban en Uruguay por lavado de dinero, una causa que después se cayó.

Alegre llegó a la política después de haber sido remisero. Militante de la UCR, Alegre acompañó a Gerardo Zamora en la fórmula que lo llevó a conducir la Municipalidad de Santiago del Estero. Cuando Zamora se postuló y ganó las elecciones a gobernador en 2005, Alegre ocupó la intendencia. Y 2006, con el 63 por ciento de los votos, fue ratificado en ese cargo. Pero su carrera política terminó en 2009. Para esa época, relatan las crónicas políticas de entonces, Alegre aspiraba a pelear por la gobernación en el mandato siguiente.

Los planes políticos de Alegre se frustraron en 2009, cuando quedó detenido. Según contaba por entonces la agencia de noticias DyN, en mayo de ese año la policía provincial detuvo a César Villalba, un cadete de la municipalidad que había cobrado un cheque por $ 15.000 emitido por la Secretaría de Obras Públicas. Era una práctica que se había repetido durante meses previos. El destinatario del dinero, se indicó, era un funcionario comunal, Oscar Farías, quien supuestamente lo usaría para pagar a proveedores en efectivo. Por esas horas, Faría se fugó.

El entonces juez de instrucción, Gustavo Herrera, hoy integrante del Superior Tribunal de Santiago del Estero, dispuso más operativos. Y quedó en el ojo de la tormenta Alegre, el intendente de la ciudad. El juez ordenó allanamientos a su casa, donde se encontró documentación que lo comprometería sobre el destino de fondos públicos. También lo investigaron por un departamento emplazado en el centro de la ciudad de Córdoba, una finca en la zona de El Zanjón y dos casas en distintos barrios de la ciudad. Aparecía además como dueño de una propiedad en Punta del Este, Uruguay.

Según la causa, diariamente se libraba un cheque por 5.000 pesos para justificar compras inexistentes de diversos artículos o pago de servicios no prestados. Allí aparecían empresas fantasmas, cuyos titulares eran empleados o contratados por el municipio. Una escribana, pareja del intendente, figuraba comprometida en operaciones comerciales en las que habría firmado en representación del jefe comunal. Alegre presentó su renuncia. Quedó inmediatamente detenido. Junto a él quedaron desplazados casi un centenar de funcionarios locales.

El caso llegó a juicio oral en 2012 y duró dos meses. En el banquillo estuvieron sentados más de 20 imputados. Solo Alegre, su hermano y un presunto testaferro llegaron detenidos. Cuando le tocó declarar, sobre el final del proceso, Alegre rechazó las acusaciones. “Ni un solo ladrillo fue comprado con dinero del Municipio”, afirmó. También negó las afirmaciones de un empresario que lo acusaba de extorsionarlo. “¿Cómo puede imaginarme el Tribunal persiguiendo al primo del gobernador? Al hombre que el propio gobernador pidió integrar al transporte público”, reclamaba.

En su descargo, Alegre aseguró que fue víctima de una “salvaje persecución política y judicial”. “Desconocía que aspirar a ser candidato a gobernador era un delito -dijo en la audiencia-. Nunca fui jefe de ninguna asociación ilícita, sólo fui jefe político de la ciudad, que tampoco es un delito”.

La fiscalía repasó las imputaciones y las pruebas en su contra: pidió once años de cárcel para el ex intendente, ocho años para su hermano y nueve para un empresario acusado de actuar como “testaferro” del ex jefe comunal, además de otras condenas menores para ex funcionarios y proveedores del municipio. Por su parte, la querella de la Municipalidad de Santiago del Estero peticionó una pena de 15 años para Alegre y una indemnización de 12,3 millones de pesos por la defraudación en perjuicio de la comuna santiagueña. Las defensas, por su parte, reclamaron absoluciones.

El 27 de diciembre de 2012, la Cámara del Crimen de Segunda Nominación de Santiago del Estero condenó a ocho años de prisión al ex intendente y dispuso una inhabilitación perpetua para desempeñar cargos públicos. El empresario Enzo Edgardo Herrera recibió seis años y a Gustavo Alegre Vega (hermano del ex jefe comunal) le dieron 5 años. El resto de los acusados recibió penas menores a tres años. Y una decena de implicados quedó absuelto.

Según ese fallo, se dio por probado que se pagaban sin contraprestación o en base a facturas falsas; haber beneficiado a empresas de las que formaba parte o tenía intereses personales mediante la contratación directa de sus servicios. También que se usaron materiales comprados con fondos municipales y servicios pagados por el municipio para la realización de obras en sus propiedades privadas. Los titulares de las empresas también recibieron beneficios económicos vía contrataciones directas desde el municipio.

En 2014, Alegre obtuvo la libertad condicional y puso una pollería en el frente de su casa que, según las crónicas periodísticas, atendía él mismo. En 2018, sin embargo, Alegre volvió a ser noticia. “Detuvimos a Julio Fernando Alegre, ex intendente de Santiago del Estero del FPV. Alegre tenía pedido de captura solicitado por Uruguay y era buscado junto a su hermano Gustavo por estafa y lavado de activos”, decía el Ministerio de Seguridad, desde la página de Argentina.gob.ar.

Es que Uruguay inició una investigación desde la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central local sobre los hermanos Alegre, sospechando que adquirieron bienes a través de sociedades registradas allí. El Juzgado Federal de Santiago del Estero que conduce Guillermo Molinari, interviniente en el caso, dispuso la detención preventiva de los hermanos Alegre y de María Marta Feijoo, que presidió una de las sociedades anónimas investigadas. Pedía su extradición el Juzgado Letrado Penal Especializado en Crimen Organizado de Uruguay, a cargo de Beatriz Larrieu. Sin embargo, la fiscalía del país vecino desistió de formalizar el pedido de extradición por entender que no había información precisa, indicaron los diarios locales. Todos quedaron inmediatamente en libertad

Apelaciones mediante, la sentencia dictada en 2012 fue confirmada tiempo después por los tribunales de alzada y el Superior Tribunal de Justicia de la provincia. La queja escaló hasta la Corte Suprema. Incluso, en un momento del trámite, Alegre llegó al máximo tribunal con un recurso contra la provincia de Santiago del Estero: decía que no tenía defensores oficiales que lo representaran. La Procuración General rechazó la competencia originaria del máximo tribunal del país. El jueves pasado, con la firma de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, el recurso de la defensa fue desestimado en los términos de la Acordada 4/07 por no reunir requisitos formales. La Corte Suprema dejó firma la sentencia por la que dejó de ser intendente de Santiago del Estero.